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Autoridades impulsan capacitación de la Policía para evitar excesos

General 15 de septiembre de 2021 Redacción RMM Redacción RMM
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Las estadísticas oficiales son contundentes: de un total de 40 denuncias por excesos policiales registradas entre enero y agosto del corriente año, 19 corresponden al área de la Unidad Regional II de la ciudad de Oberá.

Según datos suministrados por la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT), en los primeros ocho meses de 2021 se duplicaron las denuncias recepcionadas el año pasado en la misma jurisdicción. 

Si bien la mayoría de los reclamos son por violencia física, también se registran situaciones como falta de higiene y hacinamiento en las diferentes dependencias.

Para visibilizar la crítica situación, la CPPT realizó ayer una sesión ampliada en Oberá y contó con participación de las principales autoridades locales.

Estuvieron presentes el intendente Carlos Fernández, el obispo Damián Bitar, el presidente del Tribunal Penal Uno, Francisco Aguirre; los fiscales de instrucción Miriam Silke y Elías Bys, y el jefe de la UR II, comisario mayor Héctor Araujo, entre otros invitados.

Tras el desglose de las estadísticas, hubo espacio para el debate y las propuestas tendientes a corregir las actuales fallas. En ese contexto, varias voces coincidieron en la necesidad de capacitar a las fuerzas de seguridad para evitar excesos.

Eduardo Scherer, presidente de la CPPT, reconoció que “llama poderosamente la atención lo que ocurre en la Unidad Regional II de Oberá, lo que no quiere decir que ocurra sólo acá, pero es la información a la que accedemos”.

 Por ello, subrayó la importancia de conformar una mesa para escuchar a todos los actores sociales, al tiempo que ponderó que actualmente existe mejor predisposición por parte de la Jefatura de la Policía de Misiones para atender los reclamos del organismo provincial.

 Cifras en alta

 Por su parte, el comisionado Fabián Mantau tuvo a su cargo el detalle de las cifras sobre violencia institucional, donde la UR II acumula el 47 por ciento de las denuncias registradas en la provincia.

 “Oberá tiene 19 de las 40 denuncias que registramos este año. Un dato no menor indica que en 2020 fueron ocho presentaciones, pero de enero a agosto de 2021 ya suman más del doble”, precisó el funcionario.

La CPPT toma conocimiento de los casos a través de los propios afectados, familiares, redes sociales y medios de comunicación, explicó.

Por su parte, el intendente Carlos Fernández opinó que “en general escuchamos este tipo de denuncias y decimos ‘qué bárbaro’, pero después no nos involucramos ni hacemos el seguimiento. Por eso es importante empezar a charlar para corregir los errores que podemos tener en esta temática tan sensible”.

 Y agregó: “Celebro que se visibilice esto. Como médico lo primero que hacemos es la prevención. Cuando entrás a la comisaría es como cuando entrás a la guardia de un hospital, no sabés como te van a tratar. Por eso está muy bueno hablar de estos temas, modernizar y capacitar”.

A su turno, el obispo Damián Bitar destacó la necesaria visibilización del tema y la importancia del debate.

 “Es la primera vez que participo de una mesa como esta y pensaba que si no estuviéramos en un régimen democrático no podríamos estar haciendo esto en un buen clima y con tanta apertura. Me vino a la memoria la frase bien común. El fin de la política es el servicio al bien común de un pueblo, y aquí están representadas todas las autoridades locales que tienen ese mismo fin”, destacó.

 Trabajo y conciencia

Francisco Aguirre, presidente del TP Uno, opinó que el trabajo de las fuerzas de seguridad debe ser monitoreado permanentemente, por lo que “somos celosos de estas situaciones” donde se producen excesos.

“Por las características propias del trabajo, por ahí hay funcionarios que se sobrepasan en sus atribuciones, por lo que tenemos que trabajar en conjunto para evitar este tipo de situaciones”, remarcó.

Flavia Valenzuela, secretaria del TP Uno, destacó que la actuación de la CPPT les permite estar atentos a la situación de los internos del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), otra área sensible en la que trabaja el organismo.

“Creo que tenemos que hacer hincapié en la prevención y en la capacitación de las personas. El funcionario que está en la calle deber ser una persona capacitada para actuar seguro de lo que hace. Trabajar bajo estrés porque muchos desbordes se producen cuando la situación se les va de las manos. Ahí se producen los mayores errores, cuando se ponen nerviosos. Entonces debemos afianzar la capacitación”, opinó.

 Hugo Mitoire, médico perito auxiliar de justicia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y de la Justicia Federal, quien recientemente se sumó al equipo interdisciplinario de la CPPT, relató un caso familiar que lo motivó a involucrarse.

“Mi hijo recibió apremios. Tiene 32 años y un padre que es médico forense que hace 25 años trabajo en la Justicia y que sabe que lo respalda, pero no se animaba a denunciar. Por tres días ni quería salir de la casa. Entonces, cómo será la situación para un chico de un barrio marginal sin orientación ni un padre que lo pueda ayudar”, se preguntó.

Consideró que “la mayoría de los policías son honestos y trabajadores, pero, como en cualquier otro rubro, hay gente mala y peligrosa a las cuales hay que controlar y tomar medidas”.

Cámaras en los móviles

El comisario mayor Héctor Araujo, jefe de la UR II, destacó que comenzaron a instalar cámaras en los móviles policiales de Oberá.

“Ya tenemos en cinco móviles, cada uno tiene dos cámaras que apuntan al exterior para grabar toda la secuencia del procedimiento y también hay cámaras interiores para grabar y monitorear hasta qué se habla. Será una herramienta para nosotros y la Justicia, y creo que derivará en grandes cambios y mejoras”, remarcó.

Por su parte, la fiscal Miriam Silke destacó que las denuncias por abusos policiales siguen su curso penal y hay varias elevadas a juicio.

“Siempre recomendamos a la Policía que tenga sumo cuidado en el trato con los detenidos. A veces, cuando tomamos conocimiento, las víctimas ya tienen marcas y cuesta conseguir testigos. Los mismos detenidos no quieren declarar porque tienen miedo”, reconoció.

 Su colega Elías Bys opinó que “es una cuestión muy sensible” y mencionó que “uno mismo cuando a veces anda en el auto y te ataja un control, donde muchos son respetuosos y otros son prepotentes y eso tiene que cambiar. Necesitamos que se vaya mejorando”. 

En el mismo sentido opinó la diputada Rita Núñez, ex integrante de la CPPT.

“Cada funcionario que comete un exceso o un acto de violencia expone a todo el Estado en su conjunto. Por eso entre todos debemos erradicar todo tipo de violencia, para lo que es clave la capacitación e incorporación de la temática de los Derechos Humanos y prevención de la tortura en las escuelas de Policía y del SPP”, indicó.

 
El informe
Según la CPPT, el 47 por ciento de las denuncias por abuso policial corresponden a la jurisdicción de Oberá, ranking que grafica lo que viene publicando El Territorio en los últimos meses.

Incluso, entre las dos jurisdicciones de Posadas (UR I y UR X) contabilizan un total de nueve denuncias, menos de la mitad de las registradas en contra de la UR II de Oberá.

En tanto, la UR VIII de San Vicente fue objeto de cuatro denuncias; mientras que la UR V de Puerto Iguazú y la UR VII de Apóstoles suman dos cada una.

Las UR III de Eldorado, UR IV de Puerto Rico, UR VI de Leandro N. Alem y la UR IX de Jardín América registran una denuncia por abuso policial cada una.

 
En cifras
5

El jefe de la URII, Héctor Araujo, expresó que se instalaron cámaras en cinco móviles policiales para monitorear el trabajo de la patrulla. (El Territorio)

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