Se entregó la hija de “Coco” Basile y ya son 4 los detenidos de Revolución Federal en la causa que investiga amenazas contra dirigentes políticos

Pais 21 de octubre de 2022 Redacción RMM Redacción RMM

Cuatro referentes del autodenominado espacio Revolución Federal fueron detenidos este jueves en el marco de una causa judicial en la que se los investiga por impulsar acciones violentas contra dirigentes políticos e incluso por sugerir la posibilidad de un atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Luego de una intensa búsqueda, Sabrina Basile, la hija del “Coco”, ex jugador y director técnico de fútbol, se presentó en Tribunales y quedó detenida en una dependencia de la PSA acusada de formar parte de Revolución Federal, el grupo investigado luego del intento de asesinato contra Cristina Kirchner.

Esta mañana, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a otros tres integrantes de la organización y allanó el domicilio de Alfio Basile en busca de Sabrina. Pero cuando fueron a buscarla, no estaba y los oficiales se encontraron con el director técnico.

Sabrina Basile había sido parte de varias movilizaciones en contra del Gobierno. Incluso la grabaron “escrachando” al dirigente Juan Grabois en la puerta del Congreso y en Casa de Gobierno.

Además, estuvo en el cacerolazo que se había hecho en la residencia de Olivos el fin de semana en que renunció el ex ministro de Economía Martín Guzman y se anunciaba la asunción de Silvina Batakis. Ese domingo a la noche, el jefe de Gabinete Juan Manzur y la portavoz Gabriela Cerruti decidieron suspender el diálogo con la prensa por la presencia de esos caceroleros.

La hija del entrenador había denunciado el año pasado que su madre no se había contagiado de COVID-19 y atribuyó su muerte a que se había cerrado la importación de la droga que usaba.

Según trascendió, en diálogos de Revolución Federal registrados en el twitter-space del 23 de agosto, el día que Cristina Kirchner habló desde el Senado después del final del alegato del fiscal Diego Luciani en la causa de la obra pública, Sabrina Basile dijo: “Hay que hacerles frente porque a esta gente son como neo-montoneros (…), por eso estamos convocando para salir a la calle y que pase lo que pase”.

En ese diálogo, otra persona afirma: “Otro hombre insta a los vecinos a hervir agua para arrojar desde balcones y terrazas, porque si quieren caos, hay que darles caos”. Y Morel agrega: “Hay que matarlos, ma-tar-los”. Un usuario denominado @saveclocktower le cuestiona que “no hay que matarlos porque estos tipos lo que quieren ahora es otro Kosteki Santillán, que terminaron teniendo el nombre de una estación de subte”. Y Gastón Guerra, otro de los jóvenes que hoy terminó arrestado, aporta: “Si no quieren eso, no mates dos, matá 100″.

La causa que apunta a Revolución Federal investiga si esta agrupación, que se creó durante este año, públicamente “incitó a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación” como una forma de intimidación pública, y si hizo apología del delito, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El juez Martínez De Giorgi ordenó este jueves once allanamientos en distintos domicilios y empresas. Entre ellas figura la firma Caputo Hermanos y las sedes de los fideicomisos que se usaron para que esa empresa le entregara fondos de Jonhatan Morel y otros allegados. La empresa aseguró que se trató de trabajos de carpintería, pero esa es una de las cuestiones que están intentado esclarecer el juez y el fiscal Gerardo Pollicita.

La acusación
Los detenidos pueden ser acusados de organizar o formar parte de agrupaciones que tuvieren por objetivo imponer sus ideas a la fuerza o infundir temor en otras personas, según explicaron a Télam fuentes con acceso a la investigación.

El artículo 213 bis del Código Penal establece que «será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación».

También se les achacaría la supuesta incitación a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones y la incitación a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

Las declaraciones
Las detenciones habían sido solicitadas por el fiscal Pollicita a través de un extenso dictamen que le presentó el martes al juez Martínez de Giorgi, en el que enumeró distintas manifestaciones violentas convocadas por Revolución Federal como así también las declaraciones públicas, amenazantes, esgrimidas por sus referentes.

Esta agencia pudo averiguar que entre las manifestaciones enumeradas se encuentra la marcha de las antorchas convocada el 25 de mayo de este año frente al Congreso de la Nación bajo consignas tales como «Basta de Cristina», «Basta de Alberto», «Los vamos a sacar» y «Van a correr».

Otra de las manifestaciones invocada por el fiscal fue la realizada en Plaza de Mayo el 9 de julio bajo consignas como «Es hora de accionar» y «Es ahora o nunca», a la que Morel asistió con una guillotina de utilería de grandes dimensiones.

También fueron considerados por el juzgado y la fiscalía los mensajes publicados por los acusados en sus redes sociales, sus expresiones en medios de comunicación y las propuestas que realizaron en diálogos que transmitieron por Twitter Space, una herramienta utilizada para conferencias o diálogos virtuales.

El 26 de agosto, por caso, durante una de esas charlas que fue titulada «Hay que pudrirla», una persona que se supone era Morel proponía infiltrarse entre la militancia kirchnerista que manifestaba su apoyo a la Vicepresidenta en la puerta de su casa, para llevar a cabo un ataque, algo que efectivamente ocurrió cinco días después cuando Sabag Montiel intentó asesinarla.

«Hoy por ejemplo veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque si no sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero a que baje… si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista 7 días seguidos y en cuanto puedo paso a la historia», decía uno de los participantes de esa conversación pública.

Esa información fue presentada en el expediente por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, quien además aportó las grabaciones de otras conversaciones públicas publicadas en redes sociales en las que se hablaba de la posibilidad de atentar contra el presidente Alberto Fernández.

La hipótesis de Cristina

La vicepresidenta Fernández de Kirchner interviene como querellante en este expediente en el que es representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, quienes además la asisten en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio, que tramita en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.

   6328504884540_1200

En el escrito presentado el lunes pasado, cuando solicitó ser tenida por querellante, la vicepresidenta sostuvo que veía «probable» que existiera algún tipo de vinculación entre la organización Revolución Federal y las personas acusadas de haber querido asesinarla.

«Es probable que el accionar del grupo no se limitara a amenazas, instigaciones y preparación de delitos en abstracto, sino que haya participado específicamente en el intento de atentado en mi contra», sostuvo la dos veces Presidenta en el escrito que sus abogados le presentaron al juez Martínez de Giorgi.

En aquel escrito, la Vicepresidenta también puso el foco en el posible financiamiento de esa organización que tiene como referente a Morel, el dueño de una carpintería que en el último tiempo recibió pagos millonarios de parte de Caputo Hermanos, una empresa integrada por hermanos del exministro del Gobierno de Juntos por el Cambio Luis Caputo, aunque no por él.

La ruta de ese dinero y su destino final está también bajo investigación de la justicia, que dispuso allanar tanto la sede porteña de la firma Caputo Hermanos como la de dos fideicomisos a través de los cuales se canalizaron los pagos a la carpintería de Morel.

Caputo Hermanos realizó el miércoles por la noche una presentación espontánea para ponerse a disposición de la justicia y asegurar que los pagos realizados a Morel y sus socias de la carpintería fueron por trabajos realizados de los que se adjuntaron fotos.

Entre otras decisiones que tomó este jueves el juez Martínez de Giorgi, está la de plantearle a distintos colegas de Comodoro Py que se inhiban de seguir interviniendo en causas por acciones violentas llevadas a cabo por miembros de Revolución Federal y que le remitan las causas para poder investigarlas todas juntas.

Fuente: Infobae y Télam 

Te puede interesar
Lo más visto

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email