El Gobierno publicó en la medianoche del viernes en el Boletín Oficial el decreto 516/2021, a través del cual se reglamenta la ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (27610, sancionada el 30 de diciembre de 2020) y estableció como autoridad de aplicación de la norma al Ministerio de Salud de la Nación.
Amnistía difundió una Guía para Periodistas, a seis meses de la aprobación de la ley, que considera que penalizar a una mujer por realizarse un aborto es desproporcionado y discriminatorio.
A seis meses de la entrada en vigencia de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), hay en el país más de 1.100 equipos de salud capacitados que garantizan el acceso al derecho, un protocolo nacional que estandariza la práctica que muchas veces encuentra obstáculos, por lo que el Ministerio de Salud sigue capacitando profesionales y en la primera mitad del año ya atendió 7.700 consultas en la línea gratuita de salud sexual.
La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se aplica en las distintas provincias, si bien el seguimiento y los métodos para acceder al derecho varían en los distintos distritos.
Para el Gobierno, el principal “desafío” para derribar “barreras” en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es aumentar la cantidad de profesionales y centros de salud que realicen la práctica.
El Ministerio de Salud presentará este viernes el protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo adecuada a la nueva normativa aprobada en diciembre último en el país.
