Magnetto repartirá $41.000 millones entre los accionistas de Telecom

Telecom, empresa del Grupo Clarín, va a repartir 41.000 millones de pesos en concepto de dividendos entre sus accionistas. La firma que comanda Héctor Magnetto goza de la protección judicial para aumentar las tarifas de internet, cable y celular sin autorización del Estado, lo que redunda en ganancias extraordinarias. Que la Corte Suprema cajonee el expediente donde se define esta cuestión es muy redituable.

El reparto de estos 41.000 millones de pesos lo decidieron en la Asamblea de Telecom celebrada el miércoles 27 de abril, cuya síntesis es pública y fue informada a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Además del monto, lo interesante es que lo sacaron de la “Reserva facultativa para mantener el nivel de inversiones en bienes de capital y el nivel actual de solvencia de la sociedad”. O sea, en lugar de invertir se reparten las ganancias.

La distribución la harán en especie, es decir, en bonos. Puntualmente los Bonos Globales 2030 y 2035, que son parte del canje de deuda que gestionó el ministro Martín Guzmán. En lugar de pagarle ganancias en pesos a sus accionistas reparte esos bonos en dólares. Los accionistas pueden optar por cambiarlos, por timbear con el Contado con Liqui o el dólar MEP o guardarlos hasta el pago final.

Esta operatoria de reparto de ganancias en bonos es repetida durante la pandemia. Tal como informó (en soledad pese a que los datos son públicos) El Destape, para agosto de 2021 Magnetto y sus socios ya se había repartido 1.153 millones de dólares. Con el nuevo reparto actual suman entre 200 y 400 millones de dólares según se tome el valor oficial o el ilegal.

Los que se reparten el dinero son los accionistas de Telecom. Su composición accionaria actual es es la siguiente:

28,16% lo controla Cablevisión Holding, la firma del Grupo Clarín que administra sus negocios de telecomunicaciones. Las tiene en un 18,89% de forma directa y un 9,27% de manera indirecta a través de VLG SAU, que opera desde la guarida fiscal de Delaware. Los accionistas controlantes de Cablevisión Holding son los hijos apropiados por Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro. Lo hacen desde GS Unidos LLC, también radicada en Delaware.
21,84% desde un fideicomiso creado el 15 de abril de 2019 cuyos fiduciarios son Héctor Magnetto y David Martínez, el dueño de Fintech y socio hace años del Grupo Clarín.
20,83% a través de Fintech Telecom LLC, también radicada en la guarida fiscal de Delaware.
29,16% en Oferta Pública.
0,01% en acciones Clase C.
Estos bonos en dólares que se van a repartir se emitieron bajo ley extranjera, por lo que si existe algún conflicto a futuro se resolverá en los tribunales de Nueva York. Otra vez.

El año pasado el presidente Alberto Fernández firmó el decreto 690 por el cuál declaró a las telecomunicaciones como servicios públicos en competencia. Eso significa, entre otras cosas, que es el Estado el que aprueba o no los aumentos de tarifas. El Grupo Clarín hizo lo de siempre: lo judicializó. Logró un fallo a favor, que el Estado apeló. El expediente está en la Corte Suprema, que demora su resolución. Según informaron a El Destape desde la Corte, el caso está en el despacho de Carlos Rosenkrantz, ex abogado del Grupo Clarín que ya advirtió que intervendrá en las causas de sus ex clientes.

El propio presidente Fernández habló de esto en la última apertura de sesiones legislativas, donde dijo: “En el mes de enero, los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios. Eso fue posible porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable o satelital. A casi dos años de dictadas esas medidas cautelares no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario”. Y agregó: “Esto que acabo de describir no es otra cosa que un acto de complicidad judicial con el poder económico”.