Ataque a CFK: la Cámara confirmó a la jueza Capuchetti, pero le ordenó avanzar con la pista Milman

Pais 26 de noviembre de 2022 Redaccion RMM Redaccion RMM

La Cámara Federal porteña confirmó este viernes a la jueza María Eugenia Capuchetti al frente de la investigación por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner cometido el 1 de septiembre pasado, al rechazar una recusación que había sido planteada por la querella de la vicepresidenta, según la resolución a la que tuvo acceso Télam. Sin embargo, los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens ordenaron a la magistrada avanzar con medidas de prueba en la llamada ‘pista Milman’, vinculada al diputado del PRO Gerardo Milman.

En dos resoluciones diferentes, el Tribunal de Apelaciones dispuso que Capuchetti ordene nuevas medidas de prueba para «corroborar o descartar» los dichos de un testigo que aseguró haber escuchado a Milman decir la frase «cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa», dos días antes del intento de asesinato del 1 de septiembre pasado.

«En tal sentido, se evidencia como indispensable la convocatoria a prestar declaración testimonial al diputado Marcos Cleri -quien presentó al legajo una certificación notarial de una captura de pantalla» en la que el testigo le refirió haber escuchado esa frase en el bar Casablanca.

Asimismo, solicitan que el testigo apmlíe su declaración «con el objeto de averiguar si, además del mensaje que le envió a Cleri, ha comentado lo que escuchó a terceras personas, ya sea en forma presencial» o «mediante un mensaje».

Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens hicieron lugar así de manera parcial a un planteo de la querella de la vicepresidenta, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldázabal.

Los abogados habían reclamado que se periten los teléfonos celulares de dos asesoras de Milman que estuvieron con él en la mesa del bar cuando el testigo Jorge Abello dijo que escuchó la frase, el 30 de agosto pasado.

Los jueces dispusieron que antes de ordenar esta medida, se dispongan otras ante la «gravedad institucional» del hecho investigado, «el intento de dar muerte a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Elisabeth Fernández»

Esto torna «imperiosa la producción de todas aquellas diligencias probatorias que puedan resultar pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad, sin escatimar esfuerzos y premura, aunque optando siempre por la alternativa que resulte menos lesiva para las garantías constitucionales en juego», explicaron.

La medida pedida por la querella de peritar los celulares resulta «procedente» pero » no admite discusión en cuanto a que debe ser llevada a cabo como ultima ratio, en tanto acarrea una intromisión al ámbito de la privacidad», agregaron.

La continuidad de Capuchetti


En otra resolución, el juez Bruglia rechazó el planteo de la querella para apartar a Capuchetti de la causa por no haber «por el momento» evidencia de riesgo de parcialidad. Hace días, la magistrada había decidido delegar la investigación en la fiscalía de Carlos Rívolo.

Esta semana, los abogados de la querella de la vicepresidenta reclamaron ante la Cámara Federal porteña que la jueza Capuchetti sea apartada de la investigación por el intento de asesinato de la exmandataria y denunciaron que si les fue frustrada «la posibilidad de la prueba» pudo haber sido para ocultar algo.

«Si nos frustraron la posibilidad de la prueba es porque había gato encerrado», expresó el abogado José Manuel Ubeira en la audiencia del miércoles ante el juez de la sala I del tribunal de apelaciones Bruglia.

Los abogados subrayaron que Capuchetti rechazó la mayoría de las medidas pedidas por la querella y no agotó las líneas de investigación que aparecieron. Por caso, citó a Hernán Carrol, referente de Nueva Centro Derecha, con un mes de demora. Le retuvo uno de sus dos celulares por insistencia de Aldazabal y resulta que estaba todo borrado. El nombre de Carrol había aparecido en el expediente cuando Sabag Montiel le mandó un manuscrito a la jueza diciendo que él era la persona que debía designarle una abogado particular y pagárselo. El dirigente, con lazos con Patricia Bullrich y Javier Milei, tenía contacto con Uliarte.

Fuente: Página12

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