Cuando Francisco Angelotti y Marcelo Corazza cometieron sus delitos, a comienzos de siglo, las leyes que protegían a los menores eran laxas. Antes se lo definía como “delitos contra la honestidad”. Pero con la ley 25.087, el código penal incorporó la figura “delitos contra la integridad sexual”. Y luego, se permitió a los menores participar en el proceso judicial que los involucraba. Y con la ley Piazza se corrió el conteo de la prescripción al momento en que el abusado pasaba a ser mayor de edad.
En octubre de 2022, Telefé lanzó un programa que ya tenía sus años. Una franquicia holandesa por la que se pagan muchos dólares. Se alquila una casa en las afueras de CABA (Martínez), se encierra a 18 personas que estarán juntas por varios meses. Cada semana alguno de ellos será eyectado. Algunos -quizá- puedan retornar. Básicamente es el show de la nada que atrapó a un país. Algunos lo consideran un gran experimento sociológico. Todo el mundo miró Gran Hermano (GH) durante el verano y el inicio de este otoño.
En ese mismo octubre, cuando todo era descorchar champán en Telefé por el suceso, un joven vio a Marcelo Corazza en uno de los sucedáneos de GH que alimentaban la rueda. Y, sí. Había sido uno de los ganadores. Y era productor.
“Yo, a ése lo conozco”, dijo. “Ése me violó”. Ese fue el punto de partida. El caso llegó al juez federal en lo Criminal y Correccional Javier Sánchez Sarmiento. Y se puso a investigar. El detalle no era menor. El cruzamiento de llamadas de teléfonos intervenidos le dio una sorpresa inesperada: los protagonistas nombrados por el joven no formaban parte del pasado. Continuaban con sus actividades ilegales.
Lo que era un caso del pasado se tornó de repente en un caso muy actual.
Corazza, ganador de la primera edición de Gran Hermano (2001), fue arrestado luego de una investigación de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad que duró seis meses y estuvo bajo la supervisión del juez Sánchez Sarmiento. Fuentes del caso indicaron que dos testigos de identidad reservada fueron clave.
El paraguas legal que permite que las víctimas abusadas siendo menores de edad puedan denunciar cuando se sientan preparadas y contenidas, tiene su historia en el país y cambió enormemente en los últimos años a partir de los distintos casos de delitos contra menores de edad que dispararon la necesidad de contar con más herramientas legislativas que condenen esos actos.
Aunque los medios de Buenos Aires (Infobae, Télam) insisten a dar un origen misionero a Angelotti, es claro que se trata de alguien de (provincia) Buenos Aires que hace 20 años reside en Oberá. Su negocio actual tiene un nombre muy claro: “Pizzas porteñas”.
Daniel Villamea periodista de Oberá lo describe con precisión: “Canchero y verborrágico (como todo porteño que se precie, se puede agregar), mantenía un alto perfil público y estaba relacionado al rubro gastronómico. En su domicilio funcionaba una pizzería delivery y era el parrillero del pabellón argentino del Parque de las Naciones. “Desde chico mi pasión fue la cocina y tengo una variedad de centros gastronómicos en el país”, se describía. Está bien: tenía otras pasiones pero eran non sanctas.
“Extrovertido y verborrágico, Angelotti Notarbartolo llegó a Oberá hace casi dos décadas y su primer emprendimiento fue un ciber y panchería en el centro; luego tuvo un boliche y después una academia de artes marciales. Todos ámbitos donde se mezclaba con menores y jóvenes.
Pero el último lunes efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires allanaron su domicilio sobre calle Ralf Haupt de Oberá y lo apresaron como acusado de ser el presunto líder de una red de trata que captaba chicos para ser prostituidos”.
Cambia la ley. El Código Penal argentino ha ido aumentando la protección de los menores a través de sucesivas leyes en todos estos años. Y quizá, confiados, los abusadores, violadores y pervertidores nunca tomaron nota.
La protección aumentó en forma significativa.
El caso Grassi. En 1999 se sancionó la ley 25.087 que sustituyó el título “Delitos contra la honestidad” por el de “Delitos contra la Integridad Sexual” en el Código Penal, un cambio conceptual que implicó dejar de lado las consideraciones ético-religiosas en la persecución de estas violencias.
Esta importante cambio también significó la derogación de un artículo que eximía de prisión a un delincuente sexual por casamiento posterior con la víctima, pero introdujo en su lugar la figura del “avenimiento” que fue eliminado recién en 2012.
Otra ley fundamental para proteger los derechos de menores fue la 26.061, sancionada en 2005, que prevé la Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entre otras cosas, estableció que los menores tenían derecho a participar en todo procedimiento judicial en el que estaban involucrados y a ser escuchados en los tribunales.
La ley Piazza. El próximo cambio legislativo importante se dio en 2011 con la sanción de la normativa 26.705 conocida como “Ley Piazza” porque fue impulsada por el diseñador Roberto Piazza luego de contar públicamente que fue abusado por un hermano en su infancia con ninguna consecuencia para el agresor porque el delito había prescripto.
Hasta ese momento, para casos de abuso sexual en la infancia corrían las mismas reglas que para cualquier otro delito; se consideraba prescripto después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, que en estos casos era de 12 años. O sea, si el abuso ocurrió cuando la víctima tenía -por caso- ocho años, cuando esta persona tuviera 20 años, prescripción. A partir de la implementación de la nueva normativa, en casos de violencia sexual contra menores de edad, el tiempo de prescripción debía empezar a computarse desde la mayoría de edad de la víctima. En el ejemplo, podía hacer la denuncia hasta los 30 años.
Jurisprudencia. Y hay más. Se espera una decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la declaración de imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual en la infancia.
Fuente: Periodismo Misionero