Yamila Ruiz propone por ley endurecer las penas para delitos cometidos por funcionarios políticos

El proyecto de la diputada misionera de Innovación Federal consiste en incrementar un tercio la mínima y máxima en la imputabilidad de los representantes que hayan cometido delitos durante su mandato en los poderes Ejecutivo y Legislativo. La incorporación al Código Penal recae en la responsabilidad de la función política para combatir la corrupción y en recuperar la confianza de la ciudadanía a través de un sistema transparente.

La diputada nacional por Misiones, Yamila Ruiz, presentó un proyecto de ley en el Congreso que propone penas más severas para delitos cometidos por funcionarios públicos durante su mandato. La idea es aumentar los años de cárcel tanto en la mínima como en la máxima de quien fuera condenado en el Ejecutivo nacional, de las provincias y de los municipios e incluso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también del ámbito del Poder Legislativo de todo el país.

Según pudo saber canal12misiones.com, la diputada de Innovación Federal se reunirá hoy miércoles con la presidente de la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, la cordobesa Laura Machado, para avanzar en su tratamiento y emitir un dictamen.

La iniciativa de Ruiz consiste en incorporar al artículo 41 del Código Penal el agravante de la escala penal de “un tercio del mínimo y del máximo, incluyendo los casos de tentativa del delito” de los políticos durante el periodo en el que se desempeñen como funcionarios públicos. Esto incluye desde el presidente de la Nación; gobernadores; jefe de Gobierno porteño; intendentes, hasta representantes del Poder Legislativo de todas las jurisdicciones, como por ejemplo, diputados provinciales y concejales. Involucra, además, a aquellos funcionarios que no son directamente elegidos por el pueblo, como ministros y secretarios.

Traducido al español: si actualmente un delito establece una pena cuatro años de prisión como mínimo y ocho años como máximo a un político, con la nueva ley, se añade un año y cuatro meses a la pena menor y dos años y ocho meses a la de mayor escala de imputabilidad. En total, la pena pasará a ser de entre 5 años y cuatro meses a 10 años y 8 meses.

La iniciativa implica “dar un paso decisivo hacia el fortalecimiento de la transparencia y la ética de la función pública, no solo buscando disuadir los comportamientos delictivos, sino también reafirmando el compromiso de una administración pública que actúe con la máxima integridad y responsabilidad”, afirmó Ruiz.

La novedad también pasa por la ampliación de los tipos de delitos que cometa cualquier funcionario de los poderes del Estado de todas las jurisdicciones de Argentina. “Ya que actualmente el Código Penal Argentino contempla distintos delitos cometidos por funcionarios públicos, principalmente los cometidos contra la administración pública”, explicaron a canal12misiones.com desde el equipo técnico de Yamila Ruiz. Pero con este proyecto de ley, “lo que se incorpora son las penas para cualquier delito del Código Penal”. Por ejemplo, los delitos contra la integridad sexual.

Otra aclaración consiste en que el “derecho penal no es retroactivo”, es decir, que una vez que sancione la ley, “empezará a regir para los casos posteriores” a su entrada en vigencia. También, que esta incorporación a la normativa penal no choca con los fueros que tienen todo representante del Poder Legislativo.

Para evitar interpretaciones erróneas “que podrían limitar su aplicación”, la iniciativa abarca la aplicación del agravante “durante el tiempo en que se encuentre en su mandato”. No importa si ya no es más presidente, gobernador, ministro o diputado; si cometió un delito en pleno ejercicio de sus funciones en el pasado, deberá recibir la condena a prisión con el plus en la mínima y en la máxima en la sentencia. Por caso, si esta idea ya fuera una ley vigente, y si el exdiputado puertista Germán Kiczka tuviera una sentencia por la causa de pedofilia, pasaría más tiempo en prisión debido al delito cometido en pleno mandato.

“Esta medida no solo busca reforzar la efectividad del sistema judicial, sino también promover una mayor responsabilidad y transparencia en la gestión pública”, se lee en los fundamentos del proyecto firmado por Yamila Ruiz (autora), y acompañado por Daniel Vancsik, Alberto Arrúa y Carlos Fernández.

El énfasis de este proyecto de ley recae en la responsabilidad de los representantes del pueblo en un contexto en el que la sociedad demanda terminar con todo tipo de privilegio de los políticos. Por eso, la representante misionera en la Cámara baja considera los delitos cometidos por los funcionarios “no solo afectan la administración pública, sino que también dañan la confianza de la ciudadanía en el sistema de gobierno”.

Además de reparar esa confianza en la población, la diputada Yamila Ruiz pretende combatir la corrupción y promover gobiernos “más transparentes”, tal como sucedió, ejemplifica, en Brasil y Estados Unidos luego de las reformas en la penalidad de los delitos en el ámbito político.

Fuente: Canal 12