Caso Lucas Escalante: al menos cuatro policías fueron denunciados formalmente por tortura

A más de una semana del fallecimiento del joven de 30 años en Concepción de la Sierra, José Escalante, su padre, radicó una denuncia el martes pasado frente al Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles contra Junior T. y otros policías que trabajaron en la guardia en la madrugada de la muerte.

El pesar y la conmoción en la comunidad de Concepción de la Sierra no cesa, a 11 días de que encontraran sin vida en una celda de la comisaría local a Lucas Escalante (30), quien, según la autopsia hecha por Gendarmería Nacional, tuvo una muerte natural. En los últimos días, se conoció que la familia de la víctima presentó formalmente una denuncia en la fiscalía del Juzgado de Apóstoles contra al menos cuatro policías -responsables de la guardia policial en la madrugada del miércoles 13 de noviembre, día del hecho-.

  
En el documento, al que tuvo acceso El Territorio, se los acusa de haber violentado al joven mientras estuvo alojado desde el 3 de noviembre en la dependencia policial. También se menciona a testigos que habrían visto las golpizas que recibió Lucas y que describen cómo el joven, malherido, pedía ayuda.

Cabe recordar, y de acuerdo a lo que pudo reconstruir este medio, que Lucas fue detenido luego de una denuncia por violencia contra su pareja, que la habría presentado la hermana de ésta. Pero la acompañante del joven desmintió haber sufrido maltratos de su parte.

José Escalante, padre de la víctima, anticipó esta medida judicial, sentenció que “fueron Junior Techeira y otros policías los responsables de la muerte de mi hijo”. Cabe recordar que tanto Lucas como su papá denunciaron en redes sociales -ya en el mes de junio- varios episodios de violencia por parte de Techeira y otros efectivos policiales. “Esta es una venganza contra mi hijo”,  sentenció Escalante en otra oportunidad en diálogo con este medio.

 
Por otro lado, el hombre detalló que, en la cita que tuvieron en el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles el último martes, se reunieron con la defensora oficial y con la fiscal Silvia Barronis. Aunque, reconoció que todavía no dialogó con los integrantes de la Comisión de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro. 

 
También describió que en la ciudad “reforzaron la presencia policial” desde lo ocurrido en la comisaría. Señaló que, en la última marcha que se realizó el pasado jueves, “cuando nos manifestamos la policía llegó rápidamente a la casa de Junior a protegerlo” y que se distinguen más uniformados en las calles. 

 
A poco más de una semana de la pérdida de su familiar y con las sospechas de que fue víctima de tortura policial, José expresó abatido: “Estoy con fuerzas porque Luquitas me está dando fuerzas”.

 
Los padres de la víctima y sus amigos trabajan los fines de semana en la venta de comidas rápidas para poder juntar dinero y así pagar a un abogado particular, para avanzar en la solicitud formal de una segunda autopsia al cuerpo. Ya que contradicen la causa de muerte natural, que concluyó GNA en los exámenes forenses.

 
“Las comisarías no son lugares de encierro”.

 
En el hecho que sacudió a la comunidad misionera y que se convirtió en el octavo caso de muerte que sucede en una comisaría en lo que va del año, intervino por oficio la Comisión de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro de la provincia. Es la comisionada Gabriela Stefani quien sigue de cerca la investigación que realiza el juzgado a cargo de Miguel Angel Faría.

 
Respecto a cómo procede la Comisión en esta causa, la letrada detalló que ya mantuvo una reunión con la jefa de comisaría de Concepción y con autoridades del juzgado para conocer cómo se está desarrollando la etapa de instrucción. En esa línea, sostuvo que “siempre que se da un fallecimiento en lugares de encierro aplicamos un protocolo, que es el Minnesota, para que se investiguen hipótesis de malos tratos”. 

 
De la mano con esta idea, recalcó que “toda muerte bajo custodia se debe tratar como muerte sospechosa o dudosa, independientemente de que la muerte sea por causas naturales”. Por lo que requerirán al Juzgado que se investiguen todas las hipótesis posibles en torno a la muerte de Lucas Escalante. 

 
En base a este documento, Stefani reconoció que el procedimiento judicial por la muerte de Escalante “cumplió con varios puntos, como por ejemplo la intervención de otra fuerza de seguridad que no sea la provincial”. Ya que, por pedido del magistrado, la autopsia estuvo a cargo de Gendarmería Nacional.

 
De acuerdo a estos resultados preliminares, el muchacho sufrió una muerte natural por cardiopatía aparentemente congénita y sin signos de violencia. Aunque esto último es discutido por la familia, que denunció que al muchacho “le rompieron la nariz, le vimos golpes en la espalda, en los brazos y en las costillas”, describió José Escalante en oportunidades pasadas a este medio.

 
En relación a ello, la comisionada reconoció que “necesitamos fortalecer protocolos de atención de salud ante cuadros graves de salud que se manifiesten en los lugares de encierro”. Ya que, explicó, los relevamientos hechos por el Estado dan cuenta de que uno de los principales reclamos por parte de quienes están privados de su libertad es la falta de atención sanitaria y la insistencia a la que deben acudir para ser atendidos por los efectivos.

 
Aunque Stefani apuntó que “hay que capacitar al personal de seguridad para dar atención en contextos de encierro”, también recalcó que “las comisarías no están pensadas para alojar a personas” y que “si están imputadas deben ir a penales”, explicó. 

 
Exceso de facultades para las fuerzas policiales.

 
Respecto a la detención por averiguación de antecedentes, la comisionada expresó con preocupación que “hay una amplitud de facultades” que habilita el artículo 11 de la Ley XVIII N° 22 de la Policía de Misiones para avanzar en esa práctica. Lo que “termina siendo ambiguo” y poco claro. Por esto, se discute la posibilidad de modificar esa normativa.

 
Es menester señalar que ningún ciudadano puede ser detenido más de 24 horas por averiguación de antecedentes. En este sentido, la funcionaria recalcó que desde la Comisión trabajan en capacitaciones destinadas a las comunidades para conocer sus derechos en episodios que involucren la intervención de la Policía. “El ciudadano común debe saber cuáles son sus derechos: al andar por la calle sí pueden pedirte DNI, pero no pueden detenerte por no tenerlo porque no portar el documento no es un delito”, enfatizó Stefani. 

 
Reconoció que la práctica de solicitar el DNI está generalizada en la sociedad, y sobre todo el argumento de aprehender a quien no lo porta. Idea sobre la que también se intentó explicar el confuso episodio por el que detuvieron a Fernando Ramírez en Miguel Lanús y quien, horas después, falleció en la comisaría Décima de Posadas. El muchacho había sido detenido por, supuestamente, no llevar consigo el documento. Pero esto finalmente fue desmentido por los propios efectivos policiales quienes, al momento de devolver las pertenencias a la familia de la víctima, entregaron una billetera con el plástico dentro.