Nación derogó la norma que obligaba la contratación de Aerolíneas Argentinas

La medida anterior establecía que todas las jurisdicciones del servicio público, incluyendo aquellas en las que el Estado es parte accionista, debían contratar vuelos por OPTAR, la agencia mayorista de la línea de bandera.

En el marco de la política de “cielos abiertos” que impulsa el presidente Javier Milei, el Gobierno nacional derogó la norma que obligaba a los organismos y empresas del Estado a elegir Aerolíneas Argentinas al momento de tener que realizar un vuelo.

La medida se hizo oficial mediante la publicación de la decisión administrativa 1017/2024 en el Boletín Oficial. De esta manera, el Ejecutivo dejó sin efecto la decisión administrativa 244/2013, en la que se establecía que todas aquellas jurisdicciones y entidades del Sector Público nacional, entre las que se incluyen aquellas en las que el Estado es parte accionista, compren pasajes de avión mediante los servicios de OPTAR (Operador Mayorista de Servicios Turísticos Sociedad Anónima Unipersonal).

Esta sociedad anónima pertenece a la aerolínea de bandera y es la encargada de vender en forma mayorista paquetes turísticos y vuelos al sector privado, como al sector público nacional.

Cada organismo o jurisdicción podría no acatar la normativa anterior solo en el caso de que la empresa “no comercialice vuelos directos o indirectos, por medio de conexiones inmediatas con un desvío razonable, al área de influencia del lugar de destino requerido o carecieran de disponibilidad para la fecha solicitada”,

Con la eliminación de la normativa que establecía la exclusividad de Aerolíneas, el Gobierno nacional permite que las oficinas del Estado nacional puedan contratar pasajes para sus funcionarios que requieran el traslado por vía aérea, tanto dentro como fuera del país, a cualquier empresa que oferte esa ruta.

En el considerando de la norma, el Ejecutivo enmarca esta decisión en lo establecido por el DNU 70/23, con el que fijó las bases para la desregulación de la economía nacional. Ese decreto estableció que “las empresas en las que el Estado Nacional sea parte accionista no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público ni podrá el mismo disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios, ni priorizar u otorgar beneficios de ningún tipo, alcance o carácter en ninguna relación jurídica en la que intervenga”.

Además, mencionan también que, antes de la publicación de la decisión ahora derogada, las operaciones de estas características debían hacerse mediante licitación o concurso público. “Ello así, en tanto que por formalidades y plazos resultan ser los que, a priori, mejor resguardan el cumplimiento de los principios generales de promoción de la concurrencia, publicidad, igualdad y transparencia; y la compulsa de diferentes ofertas para la adquisición de bienes o la prestación de servicios aumenta las posibilidades de obtener aquella que sea más conveniente para satisfacer las necesidades del Estado”, alegan.

Esta reforma se da tan solo días después de que el Gobierno nacional enfrentara otro capítulo del conflicto entre los sindicatos y Aerolíneas Argentinas, que llevó a paros salvajes, pasajeros atrapados en los aviones y decenas de vuelos afectados.

La tensión se reactivó a principios de noviembre, cuando los gremios llevaron adelante medidas sorpresivas, afectando el normal funcionamiento de Aeroparque y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En ese momento, Milei advirtió con cerrar la empresa o presentar un Procedimiento Preventivo de Crisis en el caso de que la situación no logre solucionarse.

Tras varias reuniones fallidas, las autoridades de la compañía de bandera y los referentes de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) estuvieron de acuerdo en que se otorgue un aumento salarial superior al 14%. A su vez, se comprometieron a discutir cambios en las condiciones de trabajo, a tono con las necesidades de la industria.

Uno de los principales cambios fue la renuncia a los pasajes en clase ejecutiva para pilotos y sus familias, así como el replanteo del servicio de remises en los que se trasladan los pilotos y tripulantes de cabina entre sus domicilios y los aeropuertos. También se discutió el ajuste de la hora de servicio, que considera el tiempo desde que los empleados se suben al vehículo hasta el inicio efectivo de su jornada laboral.