La UBA irá a la Justicia para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario
El Consejo Superior aprobó por unanimidad iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo. Reclaman la aplicación inmediata de la norma sancionada y promulgada por el Congreso.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió avanzar por la vía judicial para exigir el cumplimiento de la Ley 27.795. Se trata de la norma de Financiamiento Universitario y Recomposición Salarial. La decisión fue adoptada por unanimidad en la sesión del Consejo Superior, que instruyó al rector a presentar una demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional.
La casa de estudios considera que el decreto que promulgó la ley, pero suspendió su ejecución, vulnera la Constitución Nacional. En la resolución aprobada se advierte que el Ejecutivo “altera el sistema republicano de frenos y contrapesos”. Además, “quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación” al impedir la aplicación de una norma ya vigente.
El texto también señala que la medida del Gobierno “afecta al sistema universitario y a su comunidad” al impedir el acceso al financiamiento y a la recomposición salarial previstos. Por ello, el Consejo Superior instruyó al rectorado a iniciar las acciones judiciales correspondientes. Asimismo, pidió comunicar la decisión a todas las facultades, colegios, hospitales e institutos dependientes de la UBA.
En los fundamentos, el máximo órgano de gobierno de la universidad recordó que el sistema universitario atraviesa una situación crítica. Alegan presupuestos insuficientes y salarios deteriorados. En ese sentido, remarcó que la ley de Financiamiento Universitario “busca garantizar la protección y sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales y la recomposición salarial de docentes y nodocentes”.
El Consejo Superior consideró que “la no ejecución de esta ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”. Por eso, instó al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir con sus obligaciones legales y asignar de manera urgente los recursos presupuestarios necesarios.
El reclamo de la UBA se da luego de que el Gobierno promulgara la ley, pero suspendiera su aplicación hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento. La medida se suma a decisiones similares adoptadas respecto de otras normas, como la Ley de Emergencia en Discapacidad y la de Salud Pediátrica. Estas también postergadas por su impacto fiscal.
