Tras las marchas en todo el país, Javier Milei vetó la ley de Financiamiento Universitario

El Presidente había anticipado su decisión a través de un comunicado en el que apuntó contra la oposición. La medida se publicó en el Boletín Oficial horas después de la movilización de estudiantes y docentes.

A horas de la masiva marcha al Congreso para que Javier Milei no vetara la ley de Financiamiento Universitario, el Presidente ratificó la medida a través de un comunicado oficial, que hizo efectivo en horas de la noche del jueves, a través de el decreto 879/2024 que en su artículo 1 establece que “Obsérvase en su totalidad el proyecto de ley registrado bajo el N° 27.757”.

 
En su artículo 2°, el Presidente ordena devolver el proyecto mencionado al Congreso de la Nación, quien deberá ahora sesionar en ambas cámaras para determinar si confirma la sanción de la ley con el voto afirmativo de los dos tercios de cada una de ellas. En caso de no reunir dichas mayorías, el Poder Ejecutivo logrará blindar su decisión de sostener el veto total a la norma.

En el considerando del decreto se detallan los distintos artículos del proyecto, como por ejemplo, las “modificaciones que impactan en el régimen jurídico de financiamiento de las Universidades Nacionales, en materia de gastos de funcionamiento y de salarios para el personal docente y no docente del Sistema Universitario Nacional”.

Por tal motivo, al justificar el veto de la ley el gobierno nacional sostuvo que “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento” y se aclaró que “el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional es claro al exigir de forma expresa que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

Además, se recordó que el reglamento de la Cámara de Senadores en su artículo 126 prevé que “todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada, por el o los autores del mismo”.

El hecho ya había sido anticipado a través de un comunicado de la Oficina del Presidente en la red social X. En este sentido, precisaron: “El Presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal”.

Asimismo, fue el mismo jefe de Estado quien tomó, en sus redes sociales, una clara postura en contra de la marcha. “La universidad pública no está en peligro, lo que peligra es el botín que se reparten”, fue el mensaje que replicó el primer mandatario poco después de que la masiva movilización llegara a su fin.

La convocatoria al reclamo se extendió a nivel federal. De este modo, estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y organizaciones políticas y sindicales de todo el país recorrieron las calles de las diversas ciudades y se congregaron en un punto en común para manifestar su desacuerdo con la decisión del Poder Ejecutivo Nacional.

Particularmente, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la multitud se reunió frente al Congreso de la Nación, el acto central estuvo encabezado por la Federación Universitaria Argentina (por los estudiantes), el Frente Sindical de Universidades Nacionales (por los docentes y no docentes) y el Consejo Interuniversitario Nacional (por los rectores).

“La universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia” fue el título del documento de tres páginas que se leyó en el cierre del acto en la Plaza del Congreso. La lectura estuvo a cargo de Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la FUA, quien ya había ocupado ese lugar en la movilización del pasado 23 de abril.

En el documento que se leyó al cierre del acto central realizado en la Plaza del Congreso, se destacaron diez puntos claves sobre el reclamo por la educación pública. Entre ellos, se destacó la crisis del financiamiento universitario, el rechazo a la campaña gubernamental de desprestigio, la caída de los salarios, el desmantelamiento del sistema científico, el deterioro de las condiciones de vida de los estudiantes, el pedido para que no se vete la ley de financiamiento universitario, y una advertencia sobre el presupuesto educativo para 2025.

Además, en el documento se resaltó el rol estratégico de las universidades nacionales, se agradeció el apoyo de la sociedad, y se puso en valor la educación pública. De esa manera, se dieron a conocer los puntos centrales que mantienen en vilo a las instituciones educativas y que estuvo firmado por las tres organizaciones que representan a los distintos actores del sistema universitario.